Córdoba, Ver.— Como resultado de trabajos de investigación ministerial, la Fiscalía General del Estado de Veracruz informó avances en el combate a los delitos de extorsión, luego de que un órgano jurisdiccional determinara vincular a proceso a una persona señalada como presunta responsable de este ilícito, en hechos ocurridos en la región centro del estado.
De acuerdo con la autoridad ministerial, las acciones fueron realizadas a través de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión (UECS), con sede operativa en el municipio de Atoyac, instancia encargada de ejecutar los mandamientos judiciales derivados de las investigaciones correspondientes.
La Fiscalía precisó que, durante una audiencia celebrada en el distrito judicial de Córdoba, el juez de control resolvió vincular a proceso a Guadalupe “N”, por su probable responsabilidad en el delito de extorsión.
Según las indagatorias, los hechos que se le imputan ocurrieron el 12 de diciembre de 2025 en la localidad de Potrero Nuevo, municipio de Atoyac.
Las investigaciones señalan que la persona imputada presuntamente habría exigido a la víctima el pago de una cuota económica a cambio de permitirle continuar con su actividad comercial, conducta que fue denunciada ante las autoridades y dio origen a la carpeta de investigación correspondiente.
Durante la audiencia de continuación, la autoridad judicial ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en contra de la imputada, la cual permanecerá vigente mientras se desarrolla el proceso penal identificado con el número 139/2026.
La Fiscalía General del Estado indicó que estas acciones forman parte de las estrategias institucionales orientadas a la atención y persecución de delitos que afectan directamente al sector productivo y a la ciudadanía, particularmente aquellos relacionados con la extorsión.
Asimismo, la dependencia reiteró que continuará fortaleciendo las investigaciones y la coordinación operativa mediante sus áreas especializadas, con el objetivo de garantizar la aplicación de la ley y el seguimiento puntual de las denuncias presentadas por la población veracruzana.
Las autoridades recordaron que las personas imputadas se presumen inocentes hasta que exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente, conforme a lo establecido en el marco legal vigente.
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