Zongolica, Ver.– La noche de este viernes, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), con base en Ciudad Mendoza, detuvieron al delegado de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) en Zongolica y exalcalde de San Juan Texhuacan, Bernardino Tzanahua Anastasio, por su presunta responsabilidad en los delitos de portación de arma de fuego sin el permiso correspondiente, daños a infraestructura federal y conducción en presunto estado de ebriedad.
De acuerdo con los primeros reportes, el funcionario estatal conducía una camioneta Suzuki Jimny, modelo 2026, la cual circulaba de manera irregular sobre la avenida Ignacio Zaragoza, en la colonia La Quinta, tramo carretero Zongolica–San Juan Texhuacan.
En ese punto, la unidad se impactó de frente contra un poste propiedad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), frente a las instalaciones de la Guardia Nacional.
Tras el accidente, se solicitó el apoyo de elementos de la SSP, quienes arribaron al lugar para atender la situación.
Durante la intervención, al descender del vehículo, al conductor presuntamente se le cayó de entre sus ropas un arma de fuego, motivo por el cual los oficiales procedieron a asegurar el objeto.
Las autoridades indicaron que el conductor habría mostrado una actitud alterada y presuntamente se encontraba bajo los influjos del alcohol.
Asimismo, al ser requerido para presentar la documentación que acreditara la legal portación del arma, no habría exhibido los permisos correspondientes, por lo que fue detenido en el lugar.
Posteriormente, Bernardino Tzanahua Anastasio fue asegurado y puesto a disposición de las autoridades correspondientes.
En primera instancia, se dio conocimiento a la Delegación de la Región XVI, con sede en Nogales, y se solicitó la intervención de la Fiscalía para que determine su situación jurídica por el presunto delito de portación de arma de fuego.
En cuanto a los daños ocasionados a la infraestructura de la CFE, la Guardia Nacional tomó conocimiento de los hechos para el deslinde de responsabilidades conforme a la ley.
Finalmente, el funcionario estatal fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), con sede en Córdoba, donde se determinará su situación legal y las responsabilidades que resulten de los hechos.
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