Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.- Un Juzgado de Distrito impuso una multa a la Universidad para el Bienestar “Benito Juárez” de Ciudad Ixtepec por incumplir las resoluciones judiciales que ordenaban la reinscripción y reincorporación del estudiante Ángel Adolfo Antonio Muñoz al segundo semestre de la Licenciatura en Expresión y Producción Artística.
De acuerdo con el abogado del joven, Joel Luis, esta resolución representa un precedente importante en la defensa del derecho a la educación inclusiva.
“Es un gran triunfo, no sólo para Ángel, sino para todos los niños y jóvenes autistas estudiantes a los que se les han transgredido sus derechos en diferentes instituciones educativas”, expresó el litigante.
Ángel, de 18 años, promovió un juicio de amparo para defender su derecho a continuar con sus estudios, logrando que desde febrero un juez ordenara a las autoridades universitarias permitir su regreso a las aulas.
La resolución judicial, sustentada en los artículos 128, 138 y 147 de la Ley de Amparo, establece que la institución debe garantizar el acceso del estudiante a sus clases, respetar sus derechos humanos y proteger su integridad física, psicológica y emocional. Asimismo, ordena implementar medidas de protección reforzada para evitar actos de discriminación y desarrollar un protocolo de actuación que permita atender adecuadamente situaciones relacionadas con su condición, promoviendo una educación verdaderamente inclusiva.
Según los padres del estudiante, Ángel fue separado de la Universidad para el Bienestar “Benito Juárez” de Ciudad Ixtepec luego de que, presuntamente, el coordinador del plantel, Víctor Manuel Toledo Enríquez, aprovechara su condición para hacerlo firmar una baja voluntaria tras concluir el primer semestre.
Además de imponer una multa de 13 mil pesos, el juez requirió al titular de la Secretaría de Educación Pública y presidente de la Junta de Gobierno del Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, Mario Delgado Carrillo, que en un plazo de tres días hábiles proporcione los datos de identificación y domicilio de Raquel de la Luz Sosa Elizaga, directora general del organismo, como parte del seguimiento al cumplimiento de la resolución.
Joel Luis señaló que estas son las primeras sanciones impuestas a las autoridades universitarias por desacatar las órdenes judiciales y aseguró que continuarán con el proceso legal hasta que se garantice plenamente el derecho de Ángel a recibir una educación sin discriminación.
“Por fin estamos viendo justicia. Ha costado mucho llegar hasta aquí, especialmente para Ángel y su familia. No vamos a dar ni un paso atrás”, concluyó el abogado.
