Juan Manuel Jiménez García
Alerta MX
Las Choapas, Veracruz
A unos días de que se conmemore el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la historia de Érika Candelero Morales vuelve a poner en evidencia una realidad dolorosa: pedir ayuda no siempre es suficiente cuando las instituciones fallan.
Érika tenía 20 años y una vida marcada por la violencia. En noviembre de 2025, cansada de las agresiones constantes, reunió el valor necesario para denunciar a su pareja. Lo hizo con la esperanza de que la justicia le brindara protección y le permitiera salir del círculo de maltrato en el que vivía.
La denuncia quedó registrada en la carpeta de investigación LCH/DXXI/FEAM/F2/312/2025. Sin embargo, pese a las pruebas presentadas, su agresor no fue detenido. La única respuesta institucional fue una medida de protección.
Hoy, Érika está muerta.
Familiares de la joven aseguran que, después de que se dictó esa medida, no hubo seguimiento alguno por parte de las autoridades. Ninguna institución acudió a verificar su situación, ni a garantizar que la orden se cumpliera.
Mientras tanto, el hombre señalado como su agresor continuó frecuentándola.
A la compleja situación se sumaba la dependencia a la droga conocida como cristal, sustancia que, según versiones de sus allegados, era proporcionada por su propia pareja y que terminó por agravar el contexto de violencia y vulnerabilidad en el que vivía.
La noche del 4 de marzo, Érika fue encontrada sin vida.
Las primeras versiones apuntan a que pudo haber muerto a consecuencia de los golpes presuntamente propinados por Arturo “N”, quien hoy es señalado como el principal sospechoso. Pero para quienes la conocían, su muerte no solo fue producto de la violencia de una persona.
También fue consecuencia de la indiferencia institucional.
Porque Érika sí pidió ayuda.
Érika sí denunció.
Érika sí buscó protección.
Pero el sistema no estuvo ahí cuando más lo necesitaba.
Su caso vuelve a encender la indignación en Las Choapas y a recordar que la violencia contra las mujeres no es un problema aislado, sino una realidad que sigue cobrando vidas.
A pocos días del 8M, la exigencia es clara: justicia para Érika y para todas las mujeres que, como ella, se atrevieron a denunciar esperando que alguien las escuchara. Porque cuando una mujer pide ayuda y no es protegida, la responsabilidad no solo recae en quien ejerce la violencia, sino también en las instituciones que fallan en su deber de protegerla.
