Asesinan a vaquero en un rancho de Tantoyuca

**No hay detenidos

Tantoyuca, Veracruz

Hermetismo total es el que se guarda ante el asesinato de un jovencito quien se desempeñaba como vaquero en un rancho propiedad de la Familia Guzmán Avilés.

De acuerdo a la fuente consultada, los hechos se registraron la noche del pasado Martes en el rancho denominado “Las Marías”, propiedad de dicha familia.

El hoy finado fue identificado con el nombre de Roberto Carlos Santos de la Cruz, contaba con 20 años de edad y tenía su domicilio en la localidad de Rancho Nuevo, San José, congregación Santa Clara, pero laboraba en el Rancho “El Herrero, propiedad también de la Familia Guzmán Avilés.

La familia explicó que un primo del finado pasó a su casa por él como a las 19:00 horas y se dirigieron al Rancho “Las Marías”, sin embargo, alrededor de las 23:00 horas la familia fue avisada que el joven había sido asesinado.

Todo indica, y de acuerdo a versiones, el hoy occiso visitó al administrador del rancho “Las Marías”, de quien se dice es el principal sospechoso de este hecho.

Para tratar de ocultar alguna evidencia, el administrador del Rancho solicitó la intervención de la Policía Municipal, no de la Estatal, quienes fueron los primeros respondientes.

Al arribo de la familia del joven al rancho, los elementos policiacos se mostraron agresivos y prepotentes y solo permitieron el ingreso del padre, a su esposa y su mamá no les permitieron ver el cuerpo.

Según la familia, todo se manejó con total hermetismo, y tras el levantamiento del cuerpo tampoco se les permitió acudir al SEMEFO, las autoridades les dijeron “que se les hablaría cuando acudirían a recoger el cuerpo”.

Los dueños del Rancho, la Familia Guzmán Avilés, no han dado hasta hoy alguna declaración sobre estos hechos, tampoco hay detenidos y se piensa que por ser una familia de escasos recursos económicos este caso quede impune.

Balean domicilio de candidato del PRI en Atzalan; PRI exige protección ante violencia electoral en Veracruz

Atzalan, Veracruz

La violencia política sigue marcando el proceso electoral en Veracruz. Este jueves, el domicilio del candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la Presidencia Municipal de Atzalan, José Homero Domínguez Landa —conocido como “Jonhy”—, fue atacado a balazos por sujetos desconocidos.

De acuerdo con el propio aspirante priista, momentos antes del atentado recibió una llamada telefónica desde la que se le hizo escuchar en tiempo real las detonaciones de arma de fuego. En una publicación en redes sociales, Domínguez Landa acusó directamente al candidato de Morena, Jesús Arturo Méndez Herrera, así como a sus hermanos Alba Leonila y Salomón, de estar detrás del atentado, señalando que «son capaces de atentar contra la vida de cualquier persona con tal de ganar la elección».

Tras el hecho, el Comité Directivo Estatal del PRI emitió un comunicado en el que condenó las amenazas en contra de su candidato y exigió a las autoridades brindar las medidas de protección necesarias. “Nuestro partido se deslinda categóricamente de toda práctica de intimidación, amenaza o agresión hacia cualquier ciudadano, organización o candidato. Creemos firmemente que la vía democrática es el único camino legítimo para construir un mejor futuro”, señala el documento.

Asimismo, expresaron su total respaldo a José Homero Domínguez Landa y solicitaron formalmente que se le otorgue protección para que pueda continuar su campaña con seguridad.

De aprobarse la solicitud, Domínguez Landa se sumaría a la lista de al menos 125 candidatos en Veracruz que ya cuentan con medidas de protección por parte de autoridades estatales o federales, cifra que representa casi el 60% del total de los aspirantes registrados para este proceso electoral 2024-2025.

El hecho ha generado una nueva ola de preocupación sobre el clima de violencia e intimidación que prevalece en diversas regiones del estado, especialmente a días de que se celebren las elecciones.

Ayuntamiento de Las Choapas desaparece salarios de agentes y subagentes municipales; prometieron obras que nunca llegaron

Alerta MX
Las Choapas, Veracruz

Una fuerte inconformidad se vive en la zona rural del municipio de Las Choapas, luego de que cerca de 50 representantes comunitarios —entre ellos seis agentes y 149 subagentes municipales— acusaran al ayuntamiento de desviar recursos originalmente destinados a sus salarios, bajo el argumento de que serían utilizados para obras que nunca se realizaron.

La situación se remonta al inicio de la administración encabezada por la alcaldesa Mariela Hernández García, cuando dichos representantes fueron degradados a la figura de comisarios municipales, figura que, aseguran, no tiene sustento jurídico. El salario que por ley les correspondía, aprobado por el Congreso del Estado en 2018, fue suprimido mediante presuntas maniobras legales.

Ante esta situación, los líderes comunitarios solicitaron una audiencia con la alcaldesa para exigir una explicación sobre el destino de los recursos. Inicialmente, se les negó el encuentro con el argumento de que la presidenta se encontraba en una “comisión importante”. Sin embargo, tras la presión mediática, la directora de Gobernación, Dolores Zárate Pensado, anunció que serían atendidos a partir de las 13:00 horas.

Con un retraso de 25 minutos, los inconformes fueron recibidos en la sala de cabildo, donde sostuvieron una reunión de aproximadamente 40 minutos. No obstante, al salir, manifestaron su decepción e inconformidad ante lo que calificaron como un “discurso cantinflesco” por parte de la alcaldesa, sin que se esclareciera el paradero de los recursos ni se ofreciera una solución concreta.

Los representantes de diversas comunidades coincidieron en señalar que la presidenta municipal, emanada del partido Morena, les “mintió, robó y traicionó”.

Actualmente, los comisarios municipales aseguran tener que cubrir con recursos propios los trámites y gestiones de sus representados, mientras denuncian que los sellos otorgados por el ayuntamiento carecen de validez ante instancias estatales y federales.

Este caso ha generado indignación en la región, al poner en evidencia la presunta desaparición de recursos públicos y el debilitamiento de la representación comunitaria en la zona rural de Las Choapas.