Xalapa, Veracruz,
El Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) celebró como un hecho “histórico” la aprobación del dictamen que armoniza la legislación de Veracruz con la nueva Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar el Delito de Extorsión, publicada el pasado 28 de noviembre.
Desde tribuna, el coordinador del PVEM, diputado Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, destacó que la reforma representa un replanteamiento profundo en la lucha contra la extorsión, delito que –dijo– se ha convertido en una estructura criminal que afecta la paz social, la economía local y la seguridad de miles de familias veracruzanas.
“Hoy, Veracruz trabaja para desmontar una de las estructuras criminales que más afectan la tranquilidad de nuestras familias: la extorsión. Estamos frente a un dictamen que no dudo en calificar como histórico”, afirmó el legislador.
Ruiz Sánchez recordó que meses atrás la Legislatura local respaldó la reforma al artículo 73 constitucional, en concordancia con la visión de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reconociendo que el delito había evolucionado y requería un marco jurídico uniforme a nivel nacional.
Tras la publicación de la Ley General, añadió, Veracruz cumple con su responsabilidad dentro del Pacto Federal al adecuar su marco normativo y sumarse a la Estrategia Nacional de Seguridad.
El coordinador del PVEM señaló que el análisis de la iniciativa fue minucioso e incluye la derogación del tipo penal local de extorsión para permitir la aplicación directa de la Ley General; además, contempla la modificación del Código Penal estatal y la creación de una Unidad Especializada en Atención al Delito de Extorsión en la Fiscalía General del Estado.
“La prioridad de combatir la extorsión es tan alta que debemos optimizar el recurso existente para dar resultados de inmediato. Es un mensaje de eficiencia, austeridad y urgencia”, subrayó.
Ruiz Sánchez aseguró que la reforma alinea políticamente al estado con la estrategia de la presidenta Sheinbaum y de la gobernadora Rocío Nahle en la construcción de la paz, al tiempo que moderniza jurídicamente a Veracruz conforme a los estándares nacionales.
Finalmente, sostuvo que el objetivo central es devolver al Estado el control, para que “ningún comerciante, ningún transportista y ninguna familia veracruzana viva con miedo al teléfono o al cobro de piso”.
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