Juan Manuel Jiménez García
Alerta MX
Las Choapas, Veracruz
Dos elementos activos del Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial para el Estado de Veracruz (IPAX) denunciaron públicamente actos de discriminación, acoso laboral y falta de pago de vacaciones por parte del comandante de la base en el municipio de Las Choapas.
Los afectados son Roldán Hernández Coll, de 71 años, con 21 años de servicio en el IPAX, y Santiago Salaya García, de 69 años, con 18 años de trayectoria en la misma institución. Ambos aseguran que, pese a su antigüedad y compromiso, han sido víctimas de maltrato y exclusión por motivos relacionados con su edad.
De acuerdo con su testimonio, los hechos ocurrieron el pasado 18 de julio, cuando a todos sus compañeros les fue depositado el pago correspondiente a las vacaciones, excepto a ellos. Al solicitar una explicación al comandante de base, Gabriel Flores Pérez, les informó que en la base regional de Coatzacoalcos existía un documento firmado por ellos donde presuntamente se declaraban “inactivos”. Sin embargo, los denunciantes aseguran que jamás firmaron dicho documento y sospechan que alguien lo hizo en su nombre.
Ante la falta de respuesta en Las Choapas, los elementos acudieron a buscar al comandante regional en Coatzacoalcos, José González Báez, pero nunca fueron recibidos. Desde entonces, aseguran, no se les asignan servicios oficiales, y cuando logran trabajar, lo hacen por cuenta propia, recibiendo su pago directamente, sin la intervención del IPAX.
Los afectados califican este trato como injusto y discriminatorio, y solicitan la intervención de la gobernadora Rocío Nahle García para que se respeten sus derechos laborales y se investigue la actuación de los mandos señalados.
“Le hemos dedicado nuestra vida al IPAX, nunca dejamos un servicio tirado ni causamos problemas. Solo pedimos respeto y que nos hablen con la verdad. Si ya no quieren darnos trabajo, que nos lo digan de frente”, expresaron los oficiales con evidente tristeza.
La denuncia de Hernández y Salaya expone una problemática que, aseguran, podría estar afectando a otros elementos de la tercera edad dentro de la corporación. Por ello, piden al gobierno estatal no permitir más abusos ni discriminación por motivos de edad en una institución que debería velar por la justicia y la protección de su propio personal.
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