Córdoba, Ver.- La familia de José Fabián Pérez Jiménez, estudiante dela carrera de Administración de Empresas originario de Córdoba, denunció públicamente presuntos abusos de autoridad tras su detención ocurrida el pasado lunes, luego de ser acusado del delito de falsificación de firmas mientras realizaba su servicio social en la Unidad de Atención Temprana de la Fiscalía Regional con sede en esta ciudad.
Según los testimonios de sus padres, el joven prestaba servicio desde hace varios meses como practicante en dicha unidad, donde, aseguran, fue constantemente obligado a realizar tareas fuera de su perfil académico, incluyendo limpieza, entrega de documentos oficiales y recados personales para fiscales. Señalan directamente a las fiscales Diana Angélica Serrano y Beatriz Guadalupe Hernández como las responsables de asignarle estas funciones.
“Mi hijo no tenía autorización para firmar o sellar documentos. Eran ellas quienes le pedían que firmara papeles, que entregara oficios, que saliera de la oficina para cumplir tareas que no le correspondían. Lo usaban como asistente personal, como mensajero, incluso como cuidador de sus hijos”, declaró su padre en entrevista.
La detención de José Fabián ocurrió el lunes por la tarde, luego de que entregara un documento por instrucción de una de las fiscales. Horas después fue interceptado por elementos policiacos y trasladado al Mando Único, donde permanece a la espera de que se resuelva su situación legal.
Su familia sostiene que el joven, próximo a graduarse como licenciado en Derecho, actuó en todo momento siguiendo órdenes de sus superiores, y que nunca tuvo acceso autónomo a documentación oficial ni a sellos institucionales. También mostraron evidencia de que no recibió ningún tipo de remuneración o beneficio económico durante sus prácticas.
“Él seguía trabajando más allá de las horas requeridas porque le prometieron que le darían una oportunidad laboral. Confiaba en ellas y en la institución. Nunca se imaginó que lo terminarían acusando de algo que él no decidió hacer por cuenta propia”, comentó su madre.
El caso ha generado preocupación entre otros estudiantes que realizan su servicio social en instancias gubernamentales, ante el temor de enfrentar situaciones similares. La familia hizo un llamado a la Fiscalía General del Estado y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que se garantice un proceso justo e imparcial.
“Solo pedimos justicia para Fabián. Que se revise quién dio las órdenes y por qué. Él no es un delincuente, es un joven noble, comprometido, que creyó en la justicia”, concluyeron.
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